Un proyecto de ley de criptomonedas de alto riesgo fue retirado abruptamente de la votación del comité del Senado esta semana, luego de una contundente declaración pública de Brian Armstrong, director ejecutivo de Coinbase, el mayor intercambio de criptomonedas de Estados Unidos. Armstrong declaró que su empresa no podía apoyar el proyecto de ley en su forma actual, afirmando que sería “materialmente peor que el status quo actual”. A las pocas horas, los líderes del Senado pospusieron la votación.
El cambio de poder
Este incidente pone de relieve un cambio dramático en la dinámica de Washington: Coinbase ahora tiene una influencia significativa sobre los resultados legislativos. Tradicionalmente, las votaciones políticas importantes dependen de influir en un puñado de senadores moderados. Pero esta vez, una sola declaración corporativa de un importante actor de la industria fue suficiente para detener el progreso.
Por qué esto es importante
La nueva influencia de la industria se debe en parte al clima político bajo el presidente Trump, quien ha sido notablemente más receptivo a los intereses criptográficos. Este juego de poder plantea preguntas críticas:
- ¿Cuánta influencia deberían tener las empresas privadas en la legislación federal?
- ¿La industria de la criptomoneda está operando ahora como una fuerza de lobby de facto que pasa por alto los procesos políticos tradicionales?
- ¿Qué significará esto para las futuras regulaciones criptográficas?
Hay mucho en juego
El proyecto de ley estancado habría establecido un marco regulatorio más claro para los activos digitales, lo que potencialmente legitimaría y expandiría el mercado de las criptomonedas. Al oponerse, Coinbase parece dispuesta a correr el riesgo de una mayor ambigüedad a cambio de condiciones más favorables para su modelo de negocio.
La medida subraya una realidad simple: en Washington, el dinero habla. Y con miles de millones en capitalización de mercado en juego, Coinbase acaba de demostrar que puede hacer que los responsables políticos escuchen.
La cancelación de la votación deja incierto el futuro de la regulación de las criptomonedas y refuerza una tendencia creciente de que el poder corporativo influya directamente en los resultados legislativos.
