La decisión de la administración Trump de enviar funcionarios del Servicio de Salud Pública (PHS) a la Bahía de Guantánamo para la detención de inmigrantes ha desencadenado una ola de renuncias entre los profesionales médicos que no están dispuestos a participar en lo que describen como una crisis humanitaria fabricada. La medida, que combina el deseo de larga data del expresidente Trump de utilizar la base en el extranjero para detenciones indefinidas con una promesa posterior a la inauguración de albergar allí a miles de no ciudadanos, ha forzado dilemas éticos a los trabajadores de la salud tradicionalmente desplegados durante emergencias como huracanes, incendios forestales o tiroteos masivos.
El punto de ruptura ético
Las enfermeras y los médicos del PHS se han enfrentado a decisiones imposibles: cumplir con las órdenes de despliegue o abandonar décadas de servicio, incluidas posibles pensiones. Una enfermera, Rebekah Stewart, renunció después de una década de servicio en lugar de presentarse en Guantánamo, y describió la situación como “facilitar una crisis humanitaria provocada por el hombre”. Su experiencia no es aislada; Colegas como Dena Bushman también dimitieron tras recibir órdenes similares, alegando objeciones morales a la política de la administración. El PHS, aunque no es una rama militar, funciona como una fuerza médica de rápido despliegue, llenando vacíos en las agencias federales y respondiendo a emergencias nacionales. Pero esta flexibilidad ahora se ha convertido en un arma, obligando a los profesionales a elegir entre sus carreras y su ética.
Condiciones en Guantánamo
Los detenidos, algunos de los cuales supieron que estaban en Cuba por el personal médico enviado para tratarlos, están recluidos en instalaciones como el Campo 6, una prisión oscura y sin luz natural. Los agentes que trabajan allí han descrito las condiciones como caóticas y desorganizadas, y los detenidos sufren hacinamiento, trauma psicológico e incertidumbre indefinida. A pesar de las afirmaciones de la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de que Guantánamo alberga “lo peor de lo peor”, los informes indican que muchos detenidos no tienen condenas penales y algunos están clasificados como de “bajo riesgo” en evaluaciones internas.
Financiamiento y Logística
La operación es extraordinariamente costosa: el gobierno gasta aproximadamente 16.540 dólares por detenido por día en Guantánamo, cifra que supera con creces los 157 dólares diarios que cuestan las instalaciones de ICE en Estados Unidos. El Congreso ha canalizado una financiación récord hacia la detención de inmigrantes, aumentando el presupuesto de ICE de 6.500 millones de dólares hace una década a más de 78.000 millones de dólares en 2026. Una parte importante de este aumento, incluidos 60 millones de dólares, se ha desviado a Guantánamo, lo que plantea dudas sobre las prioridades y la sostenibilidad.
Erosión de la confianza pública
Los despliegues del PHS socavan la misión principal de la agencia de responder a emergencias de salud pública. Exfuncionarios advierten que desviar recursos hacia la detención indefinida debilita la capacidad del país para manejar crisis como pandemias o desastres naturales. La participación forzada de profesionales médicos en una operación altamente politizada daña la confianza pública en el sistema de salud y genera preocupación sobre futuros despliegues.
El uso de Guantánamo por parte de la administración Trump para la detención de inmigrantes representa un cambio fundamental en la política estadounidense, al priorizar las agendas políticas sobre las consideraciones éticas y la seguridad de la salud pública a largo plazo. Las renuncias de los funcionarios del PHS son una consecuencia directa de esta decisión, lo que indica una creciente crisis de conciencia dentro de la fuerza laboral federal.
